(Foto de Ricardo Gomez Angel en Unsplash)
Cuando una empresa decide contratar a un profesional del extranjero, automáticamente se coloca en la lista de posibles candidatas a ser auditadas en los próximos seis años. Aunque las auditorías se suponen aleatorias en teoría, en la práctica no lo son tanto. Prácticamente, el 100% de las empresas experimenta al menos una auditoría por cada empleado traído al país.
Para ilustrar, si una empresa cuenta con una Autorización de Mercado Laboral (LMIA) para contratar a 15 conductores de camión, la compañía puede esperar recibir 15 solicitudes de información por parte del Departamento de Trabajo o del Departamento de Inmigración en algún momento.
Estas solicitudes exigirán pruebas con respecto a la información proporcionada inicialmente, tales como evidencia de que el empleado realmente trabajó en la provincia especificada, que la oficina a la que se reportaba estaba en la dirección indicada, que recibió el salario acordado desde el principio y que se le garantizaron las 30 horas mínimas por semana.
La empresa debe demostrar que cumplió con todos los requisitos y que el empleado desempeñó la función para la cual fue contratado, sin haber asumido responsabilidades adicionales, como la supervisión. Estos procedimientos de verificación son situaciones que las empresas preferirían evitar.
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