Esta semana ha hecho noticia una demanda colectiva en contra del gobierno canadiense, iniciada por dos inmigrantes que fueron detenidos y encerrados en cárceles provinciales de máxima seguridad, quienes alegan que esta práctica viola la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
Los abogados que están presentando la demanda dicen que el propósito de las cárceles es castigar únicamente a las personas que han cometido delitos graves, y que por lo tanto nadie que no esté condenado por un delito, o que no esté acusado de un delito, debe ser colocado en ese tipo de lugares.
Los inmigrantes detenidos, de hecho, no están acusados penalmente y se supone que su detención no es punitiva, sin embargo están detenidos de forma indefinida por una de tres razones: a) La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) cree que es "poco probable que comparezcan" para su deportación u otro asunto de inmigración; b) su identidad no ha sido confirmada, o c) porque la CBSA cree que son un “peligro para el público”, generalmente debido a cargos penales anteriores por los que ya han cumplido una sentencia.
De hecho, los datos presentados en la demanda plantean que la gran mayoría de los detenidos (más del 80 por ciento) están recluidos en cárceles provinciales de máxima seguridad únicamente porque es "poco probable que comparezcan" para su deportación u otro asunto.
El año pasado, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnesty International dieron a conocer un reporte en el que establecen que Canadá está violando los derechos humanos y específicamente los derechos fundamentales de libertad a los migrantes que son detenidos por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC).
Concretamente se refieren al hecho de que una persona que es detenida por una cuestión migratoria, ya sea porque se quedó más del tiempo autorizado en el país, porque trabajó sin permiso, porque estudió sin permiso, etcétera, puede terminar siendo detenida en una cárcel común, en una cárcel de las provincias, o en el mejor de los casos en un Centro de Detención.
Las dos organizaciones plantean que esto es injusto y en contra de la libertad de estas personas, y lanzaron una campaña en la cual le piden a los Premieres de las distintas provincias del país que no le permitan al gobierno federal poner a inmigrantes en las cárceles comunes de sus provincias.
Hay que recordar que el gobierno federal tiene acuerdos con las provincias para que se les permita poner a los detenidos migratorios en las cárceles comunes, ya que los centros de detenciones no dan abasto para el número de personas detenidas. Únicamente hay tres Centros de Detención de Inmigración a través de todo el país
Pero aquí la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre tener a los inmigrantes detenidos en un Centro de Inmigración, que son centros de detención manejados por el IRCC, y tenerlos en una cárcel común? Y la diferencia es abismal.
Primeramente, cuando detienen a una persona por cuestiones migratorias, les ponen esposas en la manos y cadenas en los pies como si fuesen criminales peligrosos, lo cual no es para nada cierto y es absolutamente innecesario traumatizar a las personas de esta manera. Luego, hay una diferencia tremenda entre llevarlos a un centro de detención y a una cárcel.
En el centro de detención, por ejemplo, la persona está en cuartos comunes con las puertas abiertas. Igual están detenidos, hay guardias y no pueden salir, etc., pero pueden ir a las áreas comunes donde se juntan y hablan con todos los demás detenidos. Tienen acceso al teléfono en cualquier momento, pueden tener el número de visitantes que quieran durante el horario de visitas, etc., mientras que en las cárceles provinciales, aunque sean detenidos de inmigración, son tratados exactamente como los presos por crímenes.
