Presentar documentación fraudulenta puede causar graves consecuencias

En la columna de hoy quiero hablar de un caso muy particular que llegó a mi oficina, a fin de que sirva de ejemplo para todas aquellas personas que sabiendo que han presentado documentación o evidencia fraudulenta al Departamento de Inmigración y Ciudadanía, deciden seguir peleando un caso que de antemano saben que no pueden ganar.

Recientemente me llegó el caso de un señor que había pedido una revisión judicial de su proceso de ciudadanía, y a quien la Corte Federal no solamente dictaminó que estaba equivocado en su planteamiento, sino que también le hizo llegar una cuenta cobrándole todo el dinero que el gobierno había gastado en el proceso de su apelación.

Resulta que esta persona se encontraba fuera de Canadá (estaba en su país de origen, Hong Kong, manejando sus negocios) durante los cuatro años previos a la presentación de su solicitud de ciudadanía canadiense, cuando la ley requiere que una persona viva en Canadá durante un periodo de 1095 días durante esos cuatro años previos antes de hacer el trámite.

Este es uno de los requisitos insalvables para poder hacer dicho trámite, aunque obviamente hay contadas excepciones, como cuando una persona está trabajando en el extranjero para un departamento del gobierno (como por ejemplo las Fuerzas Armadas) o para un departamento de una de las provincias del país. En esos casos el tiempo que la persona vive fuera de Canadá cuenta como si estuviera dentro del país.

Pero en el caso de este señor, él básicamente estaba trabajando en sus negocios en Hong Kong. No obstante, quería garantizar su residencia en Canadá, y la mejor manera como pensó que lo podía hacer era obteniendo la ciudadanía, para lo cual, a pesar de que no cumplía con el requisito de vivir en Canadá durante 1095 días durante los cuatro años previos a presentar su solicitud, vino al país mintió en los formularios, diciendo concretamente que durante todo ese tiempo había estado residiendo en la ciudad de Markham y fabrico documentación para probar su residencia en Canadá.

Al principio aparentemente todo le salió bien. Pasó el tiempo y el señor hizo su juramento de ciudadanía con el que obtuvo el tan preciado documento que andaba buscando, y una vez con su ciudadanía en mano regresó a Hong Kong a seguir atendiendo sus negocios.

El problema se presentó cuando el anterior Ministro de Inmigración y Ciudadanía, Jason Kenney, comenzó una investigación que buscaba detectar precisamente estos casos de personas que habían cometido fraude en el proceso de ciudadanía, y este señor cayó en la redada.

Inmediatamente le llegó una carta del Departamento de Ciudadana diciendo que ellos tenían pruebas contundentes de que él había mentido en su trámite ya que en realidad estaba residiendo en Hong Kong durante el periodo en que supuestamente dijo haber estado viviendo en Canadá, y que por tanto le quitaban la ciudadanía canadiense.

Junto con dicha carta también le enviaron una serie de documentos que dejaban bien claro que tenían todas las pruebas necesarias de que él había residido en Hong Kong durante ese tiempo y no en la ciudad de Markham, tal y como lo había planteado en los formularios que se deben presentar al momento de hacer el trámite.

Frente a esta carta y evidencias, este señor vino a verme porque me dijo que quería apelar la decisión del Departamento de Inmigración pidiendo una revisión judicial ante la  Corte Federal, dado que él creía que no era justo que el gobierno le estuviese quitando su ciudadanía.

Al ver el volumen de documentación que el gobierno poseía sobre el caso, el consejo que le di fue que pedir una revisión judicial ante la Corte Federal sería un procedimiento erróneo dado que el gobierno tenía suficientes pruebas para ganar el caso. De igual forma, también le expliqué que debía tener cuidado si finalmente se decidía a hacer este procedimiento, dado que no solamente podía perder la ciudadanía canadiense sino que, si el gobierno quería, podía incluso hacer también una revisión de su residencia permanente y quitarle no solamente la ciudadanía sino que también la residencia.

El despojarlo de la residencia permanente es una situación que podía suceder dado que para mantener la residencia permanente uno debe estar físicamente en Canadá durante 730 días durante cinco años, y obviamente este señor había estado fuera del país durante los últimos años y por lo tanto también había perdido el derecho a conservar la residencia permanente.

En esta lógica, mi consejo fue que no hiciera ningún trámite como el que quería hacer  dado que lo que estaría haciendo era poner en riesgo su residencia permanente en Canadá.

Lamentablemente hay personas que quieren que alguien les diga únicamente lo que ellos quieren escuchar, y ante mi respuesta negativa a su requerimiento, este señor se fue a ver a otra consultora de inmigración quien efectivamente sí le hizo el trámite ante la Corte Federal.

Como era de esperar, el resultado fue el que dije al principio de la columna: esta persona no solamente perdió en la Corte la apelación a la decisión del gobierno de despojarlo de la ciudadanía canadiense, sino que ahora también tiene que pagar aproximadamente 13 mil dólares en concepto de reembolso por los gastos que el gobierno federal tuvo que hacer durante todo este proceso judicial innecesario.

Quiero finalizar entonces esta columna poniendo como ejemplo esta historia, la cual espero que sirva para todas aquellas personas que, sabiendo que han mentido o que han presentado documentación fraudulenta en cualquier trámite de inmigración, quieren después apelar una decisión negativa del departamento respectivo.

Si hacen esto no solamente van a perder el caso, sino que también pueden perder el estatus que ya tienen, así como también la mala decisión de proceder con este tipo de procesos puede acarrearles severas repercusiones económicas.