Hay muchas personas que seguramente no lo saben, pero marzo es el Mes de la Prevención del Fraude, y es un buen momento para hablar sobre este tema dado que recientemente, y particularmente tras el inicio de la pandemia, pareciera que los intentos de fraude en el área migratoria han aumentado significativamente.
De hecho, el Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Marco Mendicino, dijo a propósito que “Canadá es uno de los principales destinos del mundo para la inmigración y los viajes, con millones de personas de todo el mundo que esperan venir aquí cada año. Al presentar sus solicitudes, algunos recurren a consultores u otros servicios en busca de ayuda, y aunque la mayoría de los consultores operan con honestidad, los actores sin escrúpulos a veces explotan el sistema y se aprovechan de las personas”.
En este sentido, el Ministro de Inmigración dijo que el Gobierno de Canadá continúa tomando medidas significativas para erradicar el fraude migratorio y proteger a quienes desean venir al país, y explicó que se han implementado varias medidas nuevas para fortalecer el sistema migratorio, desde una mayor supervisión de las aplicaciones hasta campañas de concientización pública en todo el mundo.
Más importante aún, dijo, el gobierno ha comprometido casi $50 millones para luchar contra el fraude durante los próximos años y ha creado una nueva universidad para mejorar la supervisión de los consultores de inmigración y tomar medidas enérgicas contra los delincuentes.
“El fraude de inmigración se dirige a las personas que quieren venir a Canadá de buena fe. Lamentablemente, la pandemia ha exacerbado estas actividades preocupantes, con nuevas formas para que personas deshonestas defrauden a sus clientes. Es por eso por lo que estamos redoblando nuestros esfuerzos para combatir el fraude”, apuntó.
Esos esfuerzos incluyen medidas que las personas interesadas en venir al país deben conocer, tales como:
Canadá evalúa todas las solicitudes recibidas por mérito propio, ya sean presentadas por los propios solicitantes o por sus representantes. Canadá no requiere que los solicitantes contraten representantes de inmigración.
Los solicitantes deben contratar solo consultores autorizados de inmigración y ciudadanía, abogados, o notarios de Quebec.
El IRCC establece claramente todos los requisitos para venir a Canadá en su sitio web: www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
“La lucha contra el fraude requiere que todos estemos atentos, informados y preparados. Continuaremos nuestro trabajo para proteger a los canadienses y a aquellos que deseen venir aquí, y siempre defenderemos la seguridad e integridad del sistema de inmigración de Canadá”, dijo el ministro Mendicino.
En varias columnas anteriores yo ya me he referido a este tema, haciendo un énfasis especial a nuestra comunidad para que se evite futuros dolores de cabeza, contratando sólo a abogados o a consultores de Inmigración que estén autorizados para poder representarlo.
Las leyes de inmigración y ciudadanía estipulan que sólo los abogados miembros de la barra de abogados de la provincia donde practican, paralegales regulados por la asociación de abogados (estos sólo pueden trabajar con tribunales de inmigración, no con casos de inmigración), los notarios de Quebec y los miembros del Consejo de Consultores de Inmigración y Ciudadanía Regulados (ICCRC) pueden representar a un cliente cuando esta paga por sus servicios.
Otras personas que pueden representar a alguien ante Inmigración y Ciudadanía son cualquier persona u organización que no perciba dinero para hacerlo. Pero en muchos casos los clientes, aun sabiendo que la persona no está autorizada para ejercer la profesión, de todas formas, toma sus servicios y cuando llenan los formularios de representación, que van con cada solicitud, ponen que están haciendo los casos ellos mismos. Esta declaración, aunque parezca inofensiva, es en realidad una ofensa por presentar declaraciones fraudulentas y el cliente puede también recibir cargos de inmigración cuyo resultado es una negación del trámite presentado y una acusación de haber dado declaraciones fraudulentas, por lo cual serán penalizados y no podrán hacer ningún tipo de trámite durante cinco años.