Por Vilma Filici
El gobierno de Canadá anunció la semana pasada que a partir del 17 de mayo quedaba suspendida la lista de “países de origen designados” (Designated Countries of Origin, DCO) compuesta por 42 naciones, entre las que figuraban Chile, México y España.
Hay que recordar que el 15 de diciembre del 2012, el gobierno Conservador del Primer Ministro Stephen Harper implementó una división en la forma en cómo se procesaban los casos de refugio, creando una lista de personas que venían como refugiados irregulares, otra lista de países designados, y una tercera que era de quienes no entraban en ninguna de estas dos categorías y que vamos a llamar refugiados regulares.
La lista de países designados incluía países en los cuales el Ministro de Inmigración de ese entonces, Jason Kenney, pensaba que no había abusos de derechos humanos (o por lo menos que no había tantos abusos), que había un alto porcentaje de negativas en las solicitudes de ciudadanos provenientes de dichos países por parte del Consejo de Refugiados, bastantes rechazos en apelaciones de estos países y que también las personas abandonaban los casos antes de llegar a sus audiencias.
Es muy interesante notar que México y Rumanía se encuentran en esa lista, dos países en los que, cuando se miran los reportes de las organizaciones de derechos humanos, se ve que están pasando por situaciones muy difíciles en términos de persecución.
Los Romaní son perseguidos por ser un grupo social en particular, por su raza, y en México porque las personas están siendo perseguidas por organizaciones criminales y no tienen protección del gobierno de su país. Ambos países están pasando por una crisis de derechos humanos. De hecho en el 2018 el 52% de los casos de Rumania fueron aceptados.
Detalles de la lista de “países de origen designados”
Ahora bien, ¿qué sucedía con las personas que provenían de los países que estaban en esa lista y que pedían refugio? Inicialmente:
- no tenían derecho a seguro de salud
- no tenían derecho a permiso de trabajo si no pasaban seis meses desde el momento en que habían pedido refugio
- no tenían derecho a una revisión ante la Corte de Apelaciones de Refugio
Si después de haber sido rechazados querían hacer una apelación para la Evaluación de Riesgo Previo a la Deportación (Pre-Removal Risk Assessment, PRRA), que es la última evaluación de un caso de cualquier persona que está siendo sacada del país tras haber pedido refugio, tenían que esperar por lo menos 36 meses.
Aquí la idea seguramente era que estas personas iban a ser sacadas del país por la Agencia de Servicios Fronterizos (Canadian Border Services Agency, CBSA) antes de llegar a cumplir esos 36 meses. Los solicitantes de refugio del resto de países, si habían perdido el caso, podían solicitar el PRRA después de 12 meses.
Otra particularidad que había con las personas que venían de los países designados era que los casos debían ser procesados en un periodo de entre 30 y 45 días, llegando a una conclusión definitiva. Nuevamente aquí la idea era que estos casos iban a ser procesados rápidamente, y que al ser rechazados todos los procesos iban a ser sacados del país de forma inmediata.
Entérate más:
Documentos que necesitarás para solicitar la ciudadanía y la pensión canadiense