Los inmigrantes a Canadá contarán a partir del 1 de julio próximo con una capa más de protección ante eventuales fraudes o malas practicas migratorias, al entrar en efecto el requerimiento de que para poder ejercer la profesión todos los consultores autorizados para representar clientes ante el Consejo de Inmigración y Refugio deberán obtener una licencia adicional a la que ya tienen para representar casos en estos tribunales.
El Immigration and Refugee Board, (IRB por sus siglas en inglés) tiene cuatro departamentos: La División de Inmigración, que se encarga de hacer revisiones de las personas detenidas para evaluar si se ponen en libertad, y audiencias de admisibilidad; la División de Apelaciones de Inmigración, que se encarga de llevar a cabo apelaciones de casos de patrocinio de familia rechazados, residentes con orden de deportación y residentes que no han cumplido con las obligaciones reglamentarias para mantener la residencia, entre otros; la División de Refugiados, que se encarga de decidir los casos de refugio y protección de los solicitantes; y la División de Apelaciones de Refugio, que obviamente se encarga de revisar las decisiones negativas de la División de Refugio.
La obtención de esta nueva licencia se suma a las evaluaciones de práctica anuales y garantiza que los profesionales en materia migratoria y refugio estén al día con las legislaciones y con los procedimientos implementados por el gobierno canadiense.
Hay que recordar que el 23 de noviembre del año pasado fue inaugurado oficialmente el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (College of Immigration and Citizenship Consultants, CICC), que es el regulador oficial de los consultores de inmigración y ciudadanía en todo el país. Esta es una institución independiente que regula la profesión y cuyo rol es la protección del público.
Según información proporcionada por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, el Colegio regula a los consultores de inmigración y ciudadanía bajo un marco legal establecido por la Ley del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía que entró en vigor el 9 de diciembre de 2020, y tiene importantes nuevos poderes y herramientas para investigar la mala conducta profesional y para disciplinar a sus licenciatarios. También está sujeto a la supervisión gubernamental apropiada.
La creación del Colegio es un elemento clave de los esfuerzos del gobierno para combatir el fraude en el área de inmigración. Hay que recordar que Canadá es uno de los principales destinos del mundo, con millones de personas de todo el mundo que esperan venir aquí cada año para establecerse, visitar o trabajar. Por lo tanto, para navegar por el sistema de inmigración, muchas personas recurren a consultores u otros servicios en busca de ayuda. Si bien casi todos operan con honestidad, hay algunos que lo hacen sin escrúpulos explotando el sistema y aprovechándose de las personas. Por ello es muy importante solo buscar asesoría migratoria con consultores autorizados por el gobierno.
Las leyes de inmigración y ciudadanía estipulan que sólo los abogados miembros de la barra de abogados de la provincia donde practican, paralegales regulados por la asociación de abogados (estos sólo pueden trabajar con tribunales de inmigración, no con casos de inmigración), los notarios de Quebec y los consultores autorizados por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía (CICC) pueden representar a un cliente cuando este paga por sus servicios.
Otras personas que pueden representar a alguien ante Inmigración y Ciudadanía son cualquier persona u organización que no perciba dinero para hacerlo. Pero en muchos casos los clientes, aun sabiendo que la persona no está autorizada para ejercer la profesión, de todas formas toman sus servicios y cuando llenan los formularios de representación, que van con cada solicitud, ponen que están haciendo los casos ellos mismos. Esta declaración, aunque parezca inofensiva, es en realidad una ofensa por presentar declaraciones fraudulentas y el cliente puede también recibir cargos de inmigración cuyo resultado es una negación del trámite presentado y una acusación de haber dado declaraciones fraudulentas, por lo cual serán penalizados y no podrán hacer ningún tipo de trámite durante cinco años.