Una vez más en pocos meses, nuestro sistema judicial ha demostrado ser justo e independiente de la influencia política. En una decisión de la Corte Federal de la semana pasada, el tribunal dictaminó que la División de Apelaciones de Refugio (RAD, por sus siglas en inglés) debe ampliar su alcance cuando revisa apelaciones de solicitantes de refugio rechazados. El juez Michael Phelan concluyó que la División de Apelaciones de Refugio no puede limitarse a revisar la decisión de la División de Protección de Refugiados para determinar si la decisión es razonable o no, sino que tiene que llevar a cabo una evaluación independiente de la apelación y debe ejercer los poderes que le han sido otorgados.
En el momento en que la División de Apelaciones de Refugio fue implementada, el Ministro de Inmigración declaró: “Reitero que el proyecto de ley creará una nueva división de apelaciones de refugio. La gran mayoría de solicitantes que vienen de países que normalmente producen refugiados, si son rechazados por la división de protección de refugiados, tendrán por primera vez acceso a una apelación basado en hechos ante la división de apelaciones de refugio del IRB. Este es el primer gobierno que ha creado una apelación basada completamente en los hechos”, aseguró.
Y estas palabras fueron repetidas por el juez Phelan en la decisión de la semana pasada, cuando explicó que la intención del Parlamento fue crear un proceso de apelación independiente, pero que había dudas en cuanto a si esa intención se estaba logrando o no.
Cualquier persona que trabaja casos de refugio y que estuvo esperando ansiosamente la creación de la División de Apelaciones de Refugio, se dio cuenta muy rápido de que tan pronto las reglas fueron creadas, en la mayoría de los casos presentar una apelación ante la División de Apelaciones de Refugio era una pérdida de tiempo. El procedimiento en esta entidad no era nada más que un procedimiento muy similar a una evaluación previa del riesgo (Pre-Removal Risk Assessment, PRRA).
En primer lugar, no todos los solicitantes de refugio tienen derecho a presentar una solicitud de apelación. Por ejemplo, las personas que vienen de un país designado de origen y quienes llegaron a través de los Estados Unidos cuando hicieron su petición, no tienen ningún derecho de apelación.
Además, las personas que tienen derecho a apelar fueron restringidas en muchos aspectos: El recurso de apelación no es una nueva audiencia, es decir que no pueden presentar su caso de nuevo y tampoco pueden presentar para reconsideración la evidencia que se presentó en la audiencia. Si quieren presentar pruebas documentales, sólo pueden presentar pruebas que no estaban disponibles en el momento de la presentación de su caso de refugio.
Si ponemos atención a un caso, nos daremos cuenta de que el solicitante de refugio rechazado tiene que presentar la notificación de apelación dentro de los 15 días después de haber perdido su caso ante la División de Protección de Refugiados. Luego, el caso debe ser presentado completamente dentro de los siguientes 30 días. ¿Cómo van a obtener evidencia adicional que no estaba disponible en el momento de la audiencia? Esta es una pregunta retórica. La respuesta es que uno no consigue ninguna prueba nueva simplemente porque no hay tiempo, y porque si uno tiene la suerte de conseguir nuevas pruebas, entonces uno tiene que demostrar por qué estas no estaban disponibles en el momento de la presentación de su caso ante el tribunal.
El juez Phelan obviamente no puede hacer conclusiones argumentativas. Él debe tomar sus decisiones y argumentos basados en la ley. Pero yo no soy juez y por lo tanto puedo ser un poco más contundente al afirmar que cuando el Ministro de Inmigración hizo estas declaraciones ante el Parlamento, en realidad estaba tratando de mostrar al público en general que Canadá estaba aplicando un sistema justo y equitativo para garantizar que los solicitantes de refugio que estaban en riesgo obtendrían una audiencia y la oportunidad de obtener protección cuando era realmente necesaria. Pero obviamente esa nunca fue la intención real de los burócratas que redactaron el Reglamento.
En su decisión de la semana pasada, el tribunal consideró que debido a que la División de Apelaciones de Refugio es un tribunal de apelaciones, tiene el poder de revisar un caso en su totalidad y puede considerar cualquier prueba que sea creíble y digna de confianza aunque vaya en contra de una decisión ya tomada. Si no procede de esta manera, lo que la División de Apelaciones de Refugio está haciendo en realidad es duplicar la labor de la División de Protección de Refugiados al simplemente defender sus decisiones, con lo cual duplica también la labor de la Corte Federal, la cual se supone que únicamente revisa la documentación que fue presentada ante quien tomó la decisión.
Al momento en que estoy escribiendo este artículo, el Ministro de Inmigración aún no ha apelado la decisión de la Corte Federal. Si lo hace, tendremos que esperar hasta que se llegue a una nueva decisión, pero si no hay apelación de la decisión del juez Phelan, el gobierno tendrá que volver a escuchar nuevamente todas las apelaciones que fueron negadas desde la implementación de la RAD en diciembre del 2012.
Esta es sin duda una gran victoria para los refugiados y para las organizaciones que se han unido a la lucha en este tema en particular. Son tres los solicitantes fallidos de refugio que apelaron la decisión, y son dos las organizaciones que solicitaron intervenir ante la Corte Federal: La Asociación Canadiense de Abogados de Refugio y el Consejo Canadiense para los Refugiados.
Los tribunales tienen una y otra vez la tarea de anular leyes aprobadas por nuestro actual gobierno federal porque son inconstitucionales o porque simplemente son erróneas. Es extraordinario tener un sistema judicial que a pesar de ser nombrado por el gobierno puede mantener la suficiente independencia para anular leyes injustas o ilegales. Felicitaciones a nuestros abogados y jueces por esta extraordinaria labor.
