En medio aun de la pandemia, esta semana ha sido noticia una información publicada por un columnista del periódico Toronto Sun, en la cual dice que el nuevo gobierno minoritario del primer ministro Justin Trudeau está planeando eliminar casi todos los motivos que usa el Departamento de Inmigración para excluir a los solicitantes de refugio.
No es nuevo que el objetivo del gobierno de Trudeau desde el año 2020 ha sido aumentar la entrada de inmigrantes y refugiados en Canadá en casi un tercio hasta 400,000 al año, esto ha sido anunciado ampliamente sobre todo en el marco de la disminución de ingreso de inmigrantes debido a la pandemia del COVID-19.
Pero según el columnista, la forma en que el gobierno liberal planea alcanzar este nivel de inmigración está escrito en un borrador de documento interno enviado a los jueces de inmigración y refugiados, al cual él tuvo acceso, y son medidas sumamente radicales.
Explica que estas nuevas medidas fueron enviadas en un correo electrónico a todo el personal y a los jueces el 20 de septiembre por Richard Wex, quien ha sido designado por los liberales como presidente y director ejecutivo de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB).
“Según las nuevas pautas, contenidas en un documento marcado como ‘Borrador’ y cubierto por el privilegio abogado-cliente, a los funcionarios de la administración pública que realizan una evaluación inicial de las solicitudes de inmigración y refugio, además de los jueces de inmigración y refugiados que escuchan las apelaciones de las decisiones de los oficiales, se les indica que acepten a cualquier solicitante que tenga un reclamo ‘interseccional’. La interseccionalidad se define como dos o más de ‘raza, religión, indignidad, creencias políticas, estatus socioeconómico, edad, orientación sexual, cultura, discapacidad o estatus migratorio’, que impactan la experiencia vivida de discriminación, marginación u opresión de un individuo’”, cita el columnista.
En este sentido, plantea que los solicitantes de refugio “ya no tendrán que demostrar, por ejemplo, que se enfrentan a la tortura o la muerte si se les obliga a regresar a sus países de origen. Tampoco tendrán que satisfacer la definición de la ONU de un ‘refugiado’”, entre muchas otras cosas.
Yo no puedo confirmar si efectivamente este documento es real o no, pero lo que si puedo asegurar es que debido a la situación de pandemia que vive el país el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía ha flexibilizado sustancialmente muchos de los requerimientos que tiene establecidos. Y es lógico, dado que en medio de una cuarentena como en la que hemos estado viviendo durante los últimos 18 meses, por ejemplo, sería imposible que muchos solicitantes de refugio que ya están en el país puedan obtener, desde sus países de origen, muchas de las pruebas que en tiempos normales les serían requeridas.
Se sabe que ha habido un poco de flexibilidad en el manejo de las pruebas, y se sabe también que las personas que han llegado como solicitantes de refugio al país durante los últimos años, y que están a la espera de sus audiencias de refugio, están siendo citadas el IRB para el procesamiento de sus audiencias.
En este sentido, si el solicitante de refugio tiene un representante legal, debería acudir a él/ella para que envíe una carta requiriendo ser contactado antes de que se fije una fecha para la audiencia, a fin de asegurarse de que estará disponible.
También es muy importante que el IRB tenga la dirección actual de la persona. Si se han cambiado de dirección, deben haber hecho el cambio con el departamento de Inmigración, Refugio y Ciudadanía, pero también con el Consejo de Inmigración y Refugio. Estos son departamentos distintos y no comparten información. Si no lo han hecho deben hacerlo de inmediato.
