Tengo más de 30 años de trabajar como Consultora de Inmigración, y uno pensaría que a estas alturas ya tendría la piel curtida y gruesa para ser capaz de ejercer mi trabajo con desapego profesional. Así debería ser, de no ser por la ira y la frustración que el abuso de poder y la injusticia despiertan en mí.
El jueves pasado asistí a una mediación ante un funcionario de inmigración, en la que Pedro, mi cliente, había apelado la denegación de la solicitud de residencia permanente en Canadá de su esposa. El caso estaba bien preparado y bien documentado, y Pedro fue un testigo muy elocuente y convincente.
El trabajo del funcionario era revisar el caso en su totalidad y decidir si dicho caso tenía posibilidades de éxito si se presentaba ante un tribunal. Si el oficial llegaba a la conclusión de que el caso tendría éxito en una audiencia, iba a conceder el recurso de casación, lo que significa que la solicitud de residencia permanente continuaría su proceso.
Esto implicaría que no se gastaría más tiempo en vano y que la pareja estaría junta en Canadá en unos 8 meses. Este procedimiento fue creado por la División de Apelaciones para reducir su lista de solicitudes, para ahorrar dinero y acelerar los casos.
Se llegó a esta mediación porque los oficiales de visa responsables de la negativa no creyeron que la relación era genuina. Las razones para llegar a esa conclusión fueron pocas: Una diferencia de edad, una relación de larga distancia, y un matrimonio a través de un poder. El cliente obtuvo evidencia documental para explicar cada una de las inquietudes planteadas en la carta de rechazo, con el fin de establecer que el matrimonio era legítimo.
En la mediación, el oficial cuestionó duramente a Pedro durante unos 45 minutos. Algunas de las preguntas fueron groseras y entrometidas, pero a pesar de la conducta agresiva del oficial, Pedro mantuvo una disposición controlada y respondió a todas las preguntas para que no quedaran dudas de que su matrimonio era genuino.
Pedro fue admitido como refugiado de convención en Canadá hace seis años y obtuvo su residencia permanente, pero debido a sus problemas en su país de origen no puede regresar para visitar a su esposa. A ella se le negó una visa de visitante para venir a Canadá, y en consecuencia, para pasar tiempo juntos tienen que verse en un tercer país, algo que han hecho en tres ocasiones en los últimos cuatro años, incluyendo pasar dos semanas juntos para su luna de miel.
Cuando la pareja decidió casarse, Pedro buscó asesoría en un centro comunitario que le ayudó con el proceso de matrimonio y con el patrocinio posterior de su esposa. Pedro le preguntó a la persona que le estaba ayudando si podía casarse en un tercer país y ésta le dijo que no, dado que tenía que ser un ciudadano de dicho país para poder hacerlo. Pero le explicó que Canadá acepta matrimonios a través de poder para propósitos de inmigración, siempre y cuando este tipo de matrimonios por poder sean legalmente aceptados en el país donde se celebra.
Con esta información Pedro procedió a casarse con su novia. Recientemente pasaron juntos dos semanas. Catorce días antes de la fecha en que tendría la mediación, su esposa le notificó que estaban esperando su primer hijo, enviándole un reporte de su médico y una fotografía de la prueba de ultrasonido, la cual Pedro mostró con orgullo en la cita de mediación.
Cuando la entrevista terminó, el mediador le pidió al oficial una reunión para discutir el caso y salieron de la habitación. Regresaron y el oficial procedió a decirle a mi cliente que él era un testigo muy creíble y que había respondido a todas las preguntas de una manera directa y franca, pero le dijo que a él "no le gustaban los matrimonios por poder" y que por lo tanto él no iba a reconocer dicho matrimonio y que iba a dejar a criterio del cliente si seguía adelante con la solicitud de audiencia completa para estudiar el caso o si retiraba la solicitud.
Pedro y su esposa están legalmente casados y tienen documentación más que suficiente para demostrar que el matrimonio no es sólo legal sino que también genuino. No hay ninguna disposición en la ley que tenga en cuenta las creencias personales con respecto a la validez o no de un matrimonio, por lo que el oficial no debería haber basado su decisión en sus sentimientos hacia un matrimonio por poder, sino que debió haberse basado en la ley, pero por desgracia, en este caso se trata de un proceso administrativo y por tanto el oficial tenía facultades discrecionales para tomar una decisión y su decisión a este nivel no puede ser apelada.
El papel del mediador en el procedimiento era dar su opinión al oficial en relación a la probabilidad de que el caso sea aceptado en una audiencia. El mediador dio su dictamen, que fue positivo, pero el oficial la ignoró. El mediador se quedó en el salón después de que el oficial había salido, y estaba visiblemente molesto al igual que Pedro y yo. Dijo que con toda seguridad el caso sería aprobado en la audiencia, y también expresó su decepción por la acción del oficial.
El cliente ahora tiene la opción de seguir adelante o de retirar su apelación, pero por supuesto va a seguir adelante porque él está en una relación de compromiso serio y también lo está su esposa, que está embarazada.
El problema es que en la Junta de Apelaciones de Inmigración se están tardando más de un año para realizar las audiencias, y después de que la audiencia sea escuchada, tomará otro año o año y medio más para finalizar el procesamiento del caso de la esposa de Pedro. Esto significa que el niño y la joven pareja no tendrán la posibilidad de estar juntos como familia por lo menos hasta dentro de dos años y medio.
El día de la mediación, cuando regresé a mi oficina, llamé de inmediato al oficial que había tomado la decisión dado que quería discutir con él lo que acababa de ocurrir. Me dijeron que no estaba en la oficina pero que podía dejarle un mensaje. Esto fue el jueves antes de Pascua, a las puertas de un fin de semana largo de cuatro días de asueto.
Estoy segura que el oficial salió del trabajo temprano para prepararse para disfrutar del fin de semana largo con su familia. Por el contrario, Pedro tuvo que ir a casa para llamar a su esposa y explicarle que ella no podrá reunirse con él en Canadá durante otros dos años y medio, y que él no va poder ser parte activamente de la vida de su bebé durante sus primeros años de nacido.
Estoy decidida a encontrar una forma para agilizar la audiencia a fin de que Pedro, su esposa y su hijo pueden estar juntos lo más pronto posible, pero no puedo dejar de preguntarme cómo el oficial puede justificar sus acciones a sí mismo. Me pregunto si los oficiales se dan cuenta del dolor y de las penurias innecesarias que causan en otras personas.
Texto: Vilma Filici
