En las últimas semanas hemos conocido diversos reportes que presentan las estadísticas más recientes del Consejo de Inmigración y Refugio (Immigration and Refugee Board, IRB), en las cuales queda en evidencia que el número de refugiados que ha llegado al país durante los últimos nueve meses es considerablemente bajo en comparación con periodos similares de años anteriores.
De hecho, en algunos casos se está recibiendo solamente una séptima parte de los refugiados que se recibían antes del 15 de diciembre del 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva normativa. Uno de los ejemplos más claros es el de los ciudadanos provenientes de México, país del cual entre enero y junio de este año se recibieron solamente 68 solicitudes de refugio en comparación con las 224 que se recibió durante el mismo periodo el año pasado.
Simultáneamente, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía, Chris Alexander, ha hecho declaraciones felicitándose porque han logrado el objetivo no solamente de bajar el número de refugiados que están llegando al país, sino porque también han logrado el objetivo de procesar estos casos razonablemente dentro de los periodos que ellos esperaban.
La idea del gobierno es justamente parar el número de refugiados que llegan, y la justificación es que llegaban muchas personas que en realidad no eran refugiados legítimos, quienes simplemente venían al país para usar el programa de refugio a fin de obtener beneficios tales como permiso de trabajo, asistencia social, asistencia medida, asistencia legal, etc. Según los ministros, personas que vienen a abusarse de la generosidad de Canada.
De acuerdo al ex ministro de Inmigración, Jason Kenney, y al actual Ministro del ramo, Chris Alexander, había personas de ciertos países que simplemente estaban usando el programa de refugio para su propio beneficio, porque en realidad no tenían un temor bien fundado de persecución en su país de origen.
Con esa lógica, el gobierno ha agilizado los procesos de refugio para absolutamente todos los refugiados, y por primera vez en la historia del programa de refugio desde su implementación en 1976, tenemos ahora básicamente tres categorías de refugiados vamos a tratar con dos.
La primera categoría es la de los refugiados regulares, y la segunda es la de los refugiados que provienen de “países designados”, es decir, de personas a quienes el gobierno designó que vienen de países donde tienen protección estatal y que por tanto no necesitan pedir refugio en un segundo país como Canadá. En esta lista de países se encuentran muchísimos países de Europa, y de Latinoamérica están México y Chile.
Esto significa que las peticiones de refugio de los ciudadanos de estos países que llegan van a ser procesadas de manera prioritaria, y que sus casos van a ser concluidos en un periodo de 45 días. Es decir, en un máximo de 45 días ya debe haber una decisión del IRB para estas solicitudes de refugio.
En esta lógica, por ser de un país que aparece en esta lista de “Países Designados”, la persona pierde el derecho de presentar una apelación ante el nuevo Consejo de Apelaciones para Refugiados que se implementó a partir del 15 de diciembre de 2012, aunque sí tienen derecho a que se le haga una última revisión de su caso (Pre Removal Risk Assessment, PRRA) pero únicamente después de que hayan pasado 36 meses desde que se le negó el refugio.
Mis estudiantes en el College no entienden la lógica de esta legislación cuando se las explico, y me dicen que no le encuentran sentido al hecho de que la persona tenga que esperar 36 meses para poder presentar una solicitud de PRRA. Generalmente me dicen: “Pero, esta gente va a estar fuera del país en 36 meses”. Y tengo que explicarles que efectivamente esa es exactamente la intención del gobierno, que las personas terminen su caso en un tiempo relativamente corto y sean sacadas del país cuanto antes, sin darles la oportunidad de procesar su caso con el PRRA y tampoco por Razones Humanitarias.
Porque las personas que vienen de países designados tienen que esperar también 36 meses para poder presentar una solicitud por Razones Humanitarias y de Compasión, mientras que quienes provienen de países regulares tienen que esperar 12 meses. Sin embargo, en estos casos hay una excepción, que es cuando hay un problema de salud que no puede ser tratado en el país de origen, o si hay niños que serán afectados al ser deportados. En esos casos pueden solicitar el trámite por Razones Humanitarias de inmediato.
De acuerdo a las declaraciones brindadas por el Ministro Alexander, las nuevas estadísticas le dan mucho orgullo al Ministerio de Inmigración y al gobierno conservador porque han logrado cortar la entrada de refugiados a Canadá. En ese sentido efectivamente han tenido mucho éxito.
Pero lamentablemente han puesto la eficiencia por encima de la responsabilidad que tiene el gobierno canadiense a nivel internacional, dado que tiene que respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecida por las Naciones Unidas en 1948, y con este programa de refugio acelerado está faltando a la responsabilidad internacional que tiene por ser signatario al Convenio de Ginebra, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y todos sus protocoles, al Convenio contra la Tortura, etc., etc., etc.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por ejemplo, dice muy claramente que cualquier solicitante de refugio debe tener la oportunidad de presentar su caso de manera completa, mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho a recibir asistencia médica cuando la necesite, que toda persona tiene el derecho de trabajar para poder mantenerse y tener un vida digna, que toda persona tiene derecho a la libertad, etc., pero lamentablemente el nuevo programa de refugio viola todos estos derechos.
Al ver las estadísticas y las declaraciones del Ministro de Inmigración, lo que queda claro es que el gobierno no debería estar alabándose porque ha logrado cortar la posibilidad a persona que necesitan la protección del gobierno canadiense, sino que más bien debería sentirse avergonzado de que le están negando derechos fundamentales a personas que dependen de la protección y la ayuda de Canadá.
