La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Ontario redujo la sentencia de un residente permanente por un día, con el objetivo de que este no perdiera la oportunidad de apelar la orden de deportación ante la Corte de Apelaciones de Inmigración luego de que se convirtió en inadmisible a Canadá al haber sido encontrado culpable de asalto.
Hay que recordar que el ser encontrado culpable de criminalidad para un residente permanente es automáticamente una sentencia doble. Primero, la persona debe cumplir con la sentencia dada por la corte criminal, y segundo, debe tratar con Inmigración y con la Canadian Border Services Agency (CBSA).
El procedimiento usado por el Departamento de Inmigración en relación a los residentes permanentes que son encontrados culpables de criminalidad es comparable a lo que en muchos países se conoce como “limpieza social”, o tal y como lo dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Padilla v Kentucky en el 2010: “el equivalente de la expulsión o el exilio”.
Muy probablemente algunas personas pueden pensar que si el residente permanente cometió una ofensa criminal merece ser deportado, pero me adelanto en decirles que no se trata de personas que han cometido actos delictivos como un homicidio o tráfico de drogas, sino que cualquier sentencia de criminalidad, por más pequeña que sea, puede resultar en una orden de deportación.
La razón por la cual se apeló la sentencia para esta persona es porque, de acuerdo a la Ley de Inmigración, si un residente permanente recibe una sentencia de seis meses o más pierde el derecho a la única oportunidad que tendría de permanecer en Canadá a pesar de ser culpable de una ofensa criminal.
La División de Apelaciones de Inmigración tiene jurisdicción de oír la apelación de una persona con criminalidad sólo si la sentencia recibida fue de menos de seis meses. Si la sentencia fue de seis meses o más, la persona sólo puede acceder a una revisión judicial ante la Corte Federal, y hay una gran diferencia entre el proceso ante La División de Apelación de Inmigración (DAI) y la Corte Federal.
La gran diferencia es que la DAI tiene el poder de ir más allá que la Corte Federal y analizar el caso por razones humanitarias. La DAI puede parar la deportación si llegan al fallo de que hay razones meritorias para hacerlo. A pesar de la criminalidad, que no se disputa, la DAI puede evaluar ciertos factores como la edad en la que llegó la persona a Canadá, la seriedad de la ofensa que llevó a la orden de deportación, las posibilidades que hay de que la persona se rehabilite o se haya rehabilitado, su establecimiento en Canadá y qué familia tiene en el país, cómo serán afectados los miembros de su familia si la persona es deportada, qué tipo de sufrimiento tendrá si es sacada del país, y cómo será afectada si es deportada al país de origen. Qué tipo de apoyo tendrá en el país de origen y qué posibilidades tiene de encontrar trabajo, así como también cuál es el record de abuso de derechos humanos en ese país, entre otros factores.
La rehabilitación y poder demostrar que la persona no cometerá otro delito en el futuro juegan un papel muy importante en la decisión, por lo que es de suma importancia que el cliente tome medidas para poder demostrar esto en el momento apropiado. Por ejemplo, si el problema fue causado por una adicción a las drogas, una buena idea es comenzar un programa para combatir esa adicción; si fue un problema causado por estar en estado de ebriedad, debe comenzar a asistir de inmediato a los alcohólicos anónimos, o a un programa de ayuda para manejar la ira, si este fuera el caso.
Para que la persona se convierta en inadmisible, la sentencia recibida tiene que ser una sentencia bajo un “Act of Parliament” (Ley Parlamentaria). Esto significa que ciertas ofensas bajo leyes provinciales no convierten a la persona en inadmisibles, así como tampoco lo hace una ofensa que se haya cometido siendo menor de edad.
También hay que recordar que no todos los dictámenes de la Corte convierten a la persona en inadmisible. Por ejemplo, a una persona a la que no se la encuentra culpable por razones de salud mental; se le da un “peace bond”; se le cancelan los procedimientos; se le da una exoneración o se le da un descargo ya sea absoluto o condicional, lo que significa que no queda con record criminal y por lo tanto no les afecta el estatus inmigratorio.
En este sentido, un residente permanente acusado de un delito debe asegurarse de que su abogado penal este también inmerso en leyes de inmigración para certificar de que en lo posible la sentencia que reciba no afecte su estatus migratorio. De hecho, si el abogado penal no tiene conocimientos sobre las consecuencias que un proceso criminal tiene para el estatus migratorio, el cliente debe garantizar de que este se comunique con un especialista en inmigración para que lo guie y se asegure de que en lo posible la sentencia dada no supere los seis meses menos un día.
En muchas instancias se le aconseja al cliente declararse culpable para facilitar y agilizar un proceso delictivo, sin prestar atención al estatus migratorio. El declararse culpable definitivamente pone en riesgo el estatus migratorio del acusado. En casos en que la criminalidad no es grave, el juez y el fiscal deben ser alertados de la situación migratoria del acusado y de cómo el resultado del proceso penal lo afectara en otras áreas de la vida. Tanto el fiscal como los jueces están dispuestos a dictar sentencias que no resulten en una inminente deportación.
En el caso del residente permanente del que hablamos al principio, de no haber logrado que le restaran un día en su sentencia hubiese perdido la oportunidad de quedarse en Canadá. El señor llegó a Canada en 1989 y ha vivido aquí desde entonces, está casado con una ciudadana canadiense con quien tiene cuatro hijos también canadienses.
Al quitarle un día en la sentencia, la Corte de Apelaciones le dio la posibilidad de apelar la orden de deportación ante la División de Apelaciones de Inmigración y poder argumentar su establecimiento en Canadá, y, más que todo, de qué manera serian afectados su esposa y sus cuatro hijos si eventualmente fuera deportado del país.
