Por Vilma Filici
Foto: AP
Nicaragua se encuentra actualmente en medio de una grave crisis política y social. Desde abril de este año, al menos 23,000 personas han huido a la cercana Costa Rica buscando asilo. Canadá ha condenado abiertamente lo que considera una crisis de derechos humanos en Nicaragua, pero, desafortunadamente no tiene ningún programa para que los nicaragüenses vengan al país.
Recientemente he recibido muchas llamadas y correos electrónicos de personas que preguntaban si hay algún programa especial en Canadá para los nicaragüenses. La pregunta está relacionada con la violencia actual en Nicaragua y también con los nicaragüenses que se encuentran en los EE. UU. amparados en el TPS, y a quienes la administración de Donald Trump se los ha revocado.
La respuesta corta es no. Desafortunadamente Canadá actualmente no tiene ningún programa especial para los nicaragüenses.
No obstante, las personas que huyen de Nicaragua pueden venir a Canadá y hacer una solicitud de refugio como cualquier otra persona que huye y necesita asilo. Pero si la urgencia no es grande, Canadá tiene varios programas a través de los cuales pueden solicitar la residencia en este país y vale la pena explorar esas avenidas.
La conexión de Canadá con Nicaragua
En abril del 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció reformas a la seguridad social que aumentarían los costos para los jubilados y los trabajadores. En respuesta, el 16 de abril de 2018, muchos ciudadanos nicaragüenses iniciaron un movimiento de protesta nacional que pedía la renuncia del presidente.
Llegó la policía a detener las protestas, lo que resultó en que más personas se unieran al movimiento y tomaran las calles. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que casi 300 opositores al gobierno han sido asesinados. También alegan que varios miles de ciudadanos nicaragüenses han sido heridos, golpeados y más de 2.000 han sido secuestrados, detenidos arbitrariamente o encarcelados ilegalmente.
Antes de la situación actual en Nicaragua, el país tenía la tasa de homicidios más baja de Centroamérica.
El presidente Ortega ha denunciado que las acciones de protesta forman parte de un intento de golpe de estado apoyado por sectores de extrema derecha y el gobierno de los Estados Unidos, quienes impulsan una campaña de desinformación a nivel internacional. Señala también que el número de muertes reportadas en los medios es mucho menor y que estos provienen de ambos lados del espectro político.
La conexión de Canadá con Nicaragua y con el presidente Ortega se remonta a 1979, cuando Canadá brindó algún apoyo diplomático a la Revolución Sandinista y a su presidente Daniel Ortega. Los sucesos recientes son:
- El 17 de mayo de 2018, en respuesta a la crisis actual en Nicaragua, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, hizo una declaración sobre la preocupación de Canadá por los disturbios en Nicaragua y dio la bienvenida al diálogo nacional sobre la situación, que comenzó el 16 de mayo de 2018.
- La ministra Freeland expresó la esperanza de Canadá de que se llegue a una solución pacífica a través del diálogo. Debido al continuo conflicto, Canadá emitió otra declaración el 22 de junio del 2018 y copatrocinó una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se reunió de emergencia para evaluar la situación en el país centroamericano.
- En su declaración, la ministra Freeland dijo que el gobierno de Canadá está preocupado por la crisis en Nicaragua y condena los asesinatos de manifestantes desarmados por parte de las fuerzas de seguridad del estado y los grupos paramilitares. Afirmó que la ausencia de justicia y la rendición de cuentas por sus crímenes es inaceptable y que los perpetradores deben rendir cuentas por sus acciones. La ministra Freeland instó al gobierno de Nicaragua a proteger el derecho de sus ciudadanos a la protesta pacífica y respetar los derechos humanos y democráticos.
- La ministra Freeland también declaró el apoyo total de Canadá a una investigación sobre la reciente violencia en Nicaragua, la cual debe ser llevada a cabo por un grupo independiente de expertos, a ser acordada por el gobierno nicaragüense, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos [CIDH]. El objetivo de la investigación será investigar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
