Los cambios a la Ley de Ciudadanía son muchos. Algunos ya entraron en vigencia como por ejemplo el del costo del proceso, otros entrarán en vigencia en el transcurso de este año, como es el caso del tiempo requerido para solicitar ciudadanía que pasará de 3 años en 4 años a 4 en 6. Algunos otros todavía están pendientes de ser aprobados porque dependen de cambios en otros tipos de regulaciones. Este es justamente el caso de la facultad de solicitar, y utilizar, el número de seguro social a quienes hacen solicitudes de ciudadanía, para corroborar la información presentada al Ministerio de Inmigración.
La propuesta del Gobierno de solicitar el número de seguro social se basa en la necesidad de obtener información de primera mano y no simplemente tomar decisiones basadas en la información provista por el cliente. El tener el número de Seguro Social le dará al Ministerio de Inmigración acceso directo a información obtenida por otros organismos del Gobierno y que de una u otra forma están relacionados con inmigración como son por ejemplo: Canada Border Services Agency (CBSA), Canada Revenue Agency (CRA), Employment and Social Development Canada (ESDC), Royal Canadian Mounted Police (RCMP) y las Provincias.
De acuerdo con las razones presentadas por el Ministerio de Inmigración para justificar este cambio, el acceso a esta información les permitirá asegurarse de que el solicitante de Ciudadanía no está tergiversando la información que está entregando como soporte de su solicitud, al mismo tiempo que le permitirá al Ministerio de Inmigración verificar si el solicitante tergiversó, ocultó o entregó información falsa o contradictoria en aplicaciones anteriores presentadas ante este Departamento.
El propósito de estos cambios es el de que el Ministerio de Inmigración pueda tomar una actitud “proactiva” en alertar otros organismos del gobierno del cambio de estatus migratorio de un individuo o de la posibilidad de que el solicitante haya cometido fraude, bien sea ante el ministerio de Inmigración o cualquier otra organización del gobierno con la que se haya firmado el acuerdo de compartimiento de información.
En términos prácticos lo que significan estos cambios es que, por ejemplo, quienes declararon impuestos bajos, pero que en solicitudes de patrocinio de cónyuges o parejas, entregan documentos o fotos de fiestas, viajes o joyas con valores equivalentes a varios miles de dólares; pueden ser llamados por Revenue Canada para justificar sus ingresos y declaraciones de impuestos.
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Igualmente una persona que obtuvo la residencia permanente a través de una oferta de trabajo (Arranged Employment o LMIA con soporte a residencia permanente) y que renunció a su trabajo inmediatamente después de haber recibido la residencie permanente, o que nunca se presentó a trabajar con el empleador que le dio el contrato de trabajo con el que eventualmente le fue dada la residencia; podría ser llamado a justificar las razones de este hecho por poderse interpretar esto como un abuso al sistema. A esta información tendría acceso Inmigración fácilmente al revisar las declaraciones de Impuestos o los ROE’s (records of Employment) del solicitante de ciudadanía.
No menos importante es la posibilidad de que con la información del número de Seguro Social, el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía, pueda, cuando un solicitante de ciudadanía que obtuvo la residencia en Canadá a través de la provincia de Quebec o uno de los programas de Nominación Provincial, constatar con Revenue Canada o con el ESDC que el solicitante realmente haya trabajado, vivido o al menos intento asentarse en la provincia en la cual declaro querer radicarse. Quienes obtienen la residencia a través de una provincia, firman un documento en el que declaran su intensión de radicarse en esa provincia en particular. El no haberlo hecho, y al ser “descubiertos” por el Ministerio de Inmigración, puede terminar en la revocatoria de la Residencia Permanente.
Con la unión de los organismos del Gobierno en torno a Inmigración, el riego de perder la residencia permanente al que se enfrentan quienes tratan de ocultar, tergiversar o falsificar información es enorme. El hecho de ser aprobados en una primera solicitud no significa que el riesgo ya no exista. Con estos cambios, el riesgo de revocatoria de residencia existe hasta el minuto mismo de la obtención de la ciudadanía si es que en cualquier instancia del proceso el solicitante mintió, oculto, tergiverso o falsifico información.
Este cambio aún no ha entrado en vigencia, pero es de esperarse que lo haga. Poner en orden las cuentas y arreglar la casa es la mejor forma de estar preparados en caso de tener que dar explicaciones una vez que la vida privada se convierta en “publica” dentro y para los organismos del gobierno.
*Claudia Palacio es Consultora de Inmigración Certificada y colaboradora de este semanario. Pueden dirigir sus preguntas a claudiap@filici.com
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Publicado el 11/03/2015
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