El parlamento canadiense pasa recomendación que otorga moratoria a trabajadores que residen en el país de manera ilegal, siempre y cuando estos pasen controles de seguridad y de criminalidad. La tregua se ha logrado después de haber sido retomada por la representante del distrito electoral Trinity-Spadina, Olivia Chow del NDP, el pasado 11 de mayo. "La deportación de trabajadores indocumentados en Canadá continúa rompiendo familias, lastimando a comunidades enteras y causando problemas económicos en industrias que están teniendo una prosperidad repentina, como lo es la industria de la construcción en mi zona del centro de Toronto", dijo Chow en aquella ocasión.

Con 147 votos a favor y 115 en contra, la mayoría de esos de los conservadores, este 6 de junio la resolución 108(2) pasó en el Parlamento, y es ahora la responsabilidad del gobierno actuar y crear una nueva política de inmigración que satisfaga los requerimientos de la sociedad canadiense. Mientras tanto, los proponentes de dicha moción esperan que el gobierno pare todas las deportaciones de ciudadanos que se encuentran en el territorio de manera ilegal y de sus familiares.

El Congreso Hispano Canadiense (CHC), mostró su satisfacción por el logro, ya que esta organización ha trabajado arduamente por este fin junto a otras entidades: el Consejo Nacional Chino Canadiense; el Congreso Nacional Portugués Canadiense; el Consejo de Agencias al Servicio de los Inmigrantes en Ontario; la Federación de Maestros de Escuelas Secundarias; la Unión Canadiense de Empleados Públicos Local 3393; “Nadie es Ilegal”; y “No Preguntes, No Digas”.

“Una de las comunidades más afectadas por las deportaciones ha sido la latina, sobretodo en fechas recientes”, lee el comunicado de prensa del CHC, por lo cual la organización “aplaudió la decisión del Parlamento de aprobar la iniciativa que pide una inmediata moratoria a las deportaciones de gentes sin estatus”.

El pasado 5 de junio, una rueda de prensa de parte de las organizaciones arriba mencionadas dio más detalles sobre la situación grave que generan las deportaciones. También recalcaron que en el pasado, durante periodos especiales, se ha regularizado el estatus de muchas personas que se encontraban aquí de manera ilegal. Según esta coalición más de 500.000 personas se encuentran en Canadá sin estatus. La última regularización ocurrió entre los años 1994-1998, cuando más de 4.000 personas obtuvieron estatus legal.

Debido a la situación de incertidumbre y miedo en la que se encuentran las personas sin estatus, muchos de los niños no atienden escuelas y los servicios médicos son limitados. A pesar que el Consejo Escolar del Distrito de Toronto (TDSB) tiene una política de no preguntar por estatus de inmigración, muchas familias, lógicamente, todavía no confían en el sistema, dijo Roger Lancen, miembro del la Federación de Maestros de Secundaria de Ontario.

Al final no es más que un llamado al “sentido común”, dijo Vilma Filici, presidenta del Congreso Hispano Canadiense. A lo que añadió que la fuerza laboral representada por estos inmigrantes que son deportados, es en parte la misma población que el gobierno trata de atraer para industrias que las necesitan.