Publicado: 23 de marzo de 2005
Carta a la Oferta y la Demanda
Estimados lectores:
Comprobado está que la corrupción existe en todas las sociedades del mundo, al interior de los países, no todos al mismo nivel, por supuesto, pero existe. En el plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales, se producen actos de corrupción, algunos de ellos escondidos por los mismos gobernantes o sus “adláteres”.
Pero vamos a tratar de dar una definición de la corrupción, para el tema que estamos planteando, la corrupción, es el abuso del poder público para alcanzar fines privados. Para hacerlo más sencillo, la inmensa mayoría de negocios y negociaciones entre países y también con empresas particulares, es mediante el recibo de una “comisión” por la compra que el país realiza. Ojo, no siempre el país comprador, o sus encargados, son los que proponen la retribución, a cambio de la compra, si no que los mismos vendedores, para asegurar su venta, ofrecen un pago “bajo la mesa”, a nombre y en el banco que se le indique.
Sin lugar a dudas, la corrupción conlleva daños sociales y políticos al atender intereses particulares y no el bien común de la sociedad. En lo económico distorsiona la justa competencia sobre la base de precios, calidad e innovación llevando así a productos e inversiones de baja calidad y eficiencia. En lo social, impide que importantes recursos públicos se inviertan en infraestructura social, servicios básicos, etcétera. Y en lo político, debilita a las instituciones democráticas, lo que se manifiesta en una pérdida de legitimidad y respaldo público.
Dentro de este contexto los pobres son las víctimas más grandes de la corrupción al estar relativamente más golpeados por el impuesto regresivo de la corrupción que crece conforme bajan los ingresos de los hogares y al no poder comprarse el acceso a los círculos de poder. Por su parte, no existe beneficio directo ni indirecto de la corrupción, salvo el beneficio inmediato y privado de los corruptos y corruptores. Pero, en la medida que la corrupción esté más asociada con riesgos irá adquiriendo costos muy altos para los involucrados que terminen superando el beneficio privado.
En nuestra América Morena, existe un bajo grado de institucionalización, lo que afecta el mandato y la capacidad de las instituciones de ejercer controles y sostener el estado de derecho. En la gran mayoría de países, el Poder Judicial se encuentra politizado y débil, lo mismo pasa con las instituciones de control como las contralorías y la policía. La pérdida de credibilidad en las instituciones, en general, implica consecuencias muy negativas en relación con la confianza de la gente en los sistemas democráticos.
Los ciudadanos latinoamericanos, generalmente, mencionamos la corrupción como tercer o cuarto problema más grave de nuestras sociedades, después del desempleo y la inseguridad ya que existe una “pequeña corrupción” en nuestro contacto diario con la autoridades de nuestros países, lo cual, desgraciadamente, lo tomamos como algo natural y nuestra pregunta clásica al iniciar un trámite es
“cuanto me cuesta” refiriéndose a lo que nos cobrarían por hacernos la gestión muy rápidamente, tomando el asunto como algo natural.
Indudablemente, se tienen que cambiar los sistemas de control, en la tramitación documentaria diaria para evitar las “coimas” y se tienen que perfeccionar los sistemas de compras de grandes volúmenes, cambiándose las actuales leyes de licitaciones públicas y dejando claro las sanciones que conlleva el participar en arreglos, bajo la mesa, para nombrar al ganador.
Vemos pues que casi todos conocemos lo que pasa, pero no levantamos la voz, cuando estamos seguros de conocer los delitos que se cometen muy seguido sobre este particular.
Y como casi todos lo saben, éste es MI PUNTO DE VISTA® 198
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