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Artículo publicado el 26 de mayo 2006

Las Comunidades de Paz en Colombia
PAUL GUTIERREZ

Comunidad en Colombia“El gobierno (colombiano) ha intentado desmembrar la organización de las comunidades, desprestigiando su legítima lucha por la dignidad, por sus territorios y sus recursos”: Gloria Orcue:

Los conflictos armados que se libran actualmente en el mundo demuestran que la guerra continúa siendo el principal negocio de los poderosos. En Colombia, la lista de grupos y personas armadas es larga y dentro de ella deben contarse tanto a los irregulares, como a los que arma y legitima el Estado para defenderse. La composición y justificación de estos actores armados es variada y expresa los conflictos políticos y sociales que vive el país. Sin embargo, los usuarios de las armas son apenas la punta del iceberg, la cara visible del conflicto, pues los mayores beneficiarios, cuyos verdaderos intereses nunca se muestran en la superficie como realmente son, reciben ganancias que van mas allá del dinero mismo. Porque los que disfrazan de proyecto social a una estrategia de “guerra” como el Plan Colombia, los que imponen y firman tratados de comercio lesivos para los pueblos, los que prohíben las drogas para hacer rentable el narcotráfico, los que arman pequeños países para atacar a otro cuyo gobierno no les gusta, los que pintan enormes negocios contando con tierras que no les pertenecen y luego financian genocidios para desocuparlas, son los verdaderos señores de la guerra. Ellos son los que sacan su mano de las sombras para arrojarle gasolina a la candela y lloran en público ante las imágenes de las masacres, mientras piden mano dura y más presupuesto para una guerra que jamás quieren ver terminada.

Históricamente en Colombia, la guerra y el genocidio están en el origen de muchas fortunas y carreras políticas. El exterminio de la base social de movimientos populares ha permitido de paso la apropiación de tierras y el fortalecimiento del poder político con el control sobre los territorios arrasados.

En la Colombia de hoy, la renovada presión de las transnacionales sobre sus recursos naturales, permite que nuestra elite económica y política realice la venta del país como si se tratara de un negocio particular, sintiéndose muy a gusto con el ruido de las armas como banda sonora. Pues la guerra es el pretexto perfecto para criminalizar la inconformidad y la protesta, marginar a los indígenas, a los afro descendientes y sindicar de enemigo del Estado a todo aquel que reclame justicia y dignidad; mientras el horror de la guerra genera nuevos desplazamientos, dejando las tierras de las comunidades libres para la voracidad de los inversionistas.

¿Cómo se puede hablar de paz en Colombia sin que sea un discurso vacío?

Ante esta situación de violencia dirigida contra los más pobres, y ante la posibilidad de su exterminio, los campesinos colombianos han iniciado un proceso de resistencia civil conocido como “Las Comunidades de Paz”. Una propuesta que, a diferencia de los procesos de negociación, logra escenarios reales para la paz. Sin embargo, a pesar de que este experimento social surge de las propias comunidades y cuenta con el reconocimiento y acompañamiento de representantes de la comunidad internacional, tiene en el gobierno actual un enemigo declarado. Así lo demuestran las cartas abiertas de intelectuales, iglesias y diferentes observatorios sociales para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, indignados por la actitud del gobierno colombiano ante los crímenes de lesa humanidad contra comunidades como la de San José de Apartado, perpetrados con la abierta complicidad de las tropas oficiales; y por la persecución y hostigamiento a los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y las mismas Brigadas Internacionales de Paz.

Esta situación la viven diariamente los integrantes de “Justicia Y Paz”, la comisión ínter eclesial que presta su labor de acompañamiento a estas comunidades, con una fe en el proceso que no se quiebra, aunque tengan que verle todos los días la cara a la muerte. Aprovechando la visita a Canadá de Gloria Orcue, miembro de “Justicia y Paz”, para participar en la campaña de sensibilización a la comunidad de Québec sobre el “Impacto de la Explotación de los Recursos Naturales en América Latina y la Responsabilidad del Estado Colombiano y las Transnacionales”, PAGINA 1 tuvo esta charla con ella.

La Comisión Inter eclesial Justicia y Paz

“La Comisión Inter eclesial Justicia y Paz, de la cual hacen parte personas de diferentes credos religiosos y defensores de derechos humanos, viene desarrollando, desde 1980, una labor de denuncia y sensibilización sobre la violación a estos derechos en Colombia”, explica Orcue a PAGINA 1. “Conjuntamente acompañamos a las comunidades en los procesos organizativos de resistencia a la implementación del modelo neoliberal. En estos momentos, estamos presentes en 17 comunidades campesinas, afro descendientes e indígenas, lo que implica también hacer un trabajo de denuncia a nivel nacional e internacional, acciones urgentes, alertas y llamamientos al gobierno. Damos también asesoría a las víctimas de violación de derechos humanos por parte del Estado y a sus familiares; ofrecemos formación y educación, enseñando los mecanismos para la defensa de sus derechos. En general, se trata de acompañar a las comunidades en la construcción de sus proyectos de vida”, continúa Orcue.

Consultada acerca de cuál es la respuesta del gobierno y la guerrilla a la labor que lleva a cabo la Comisión, Orcue dice que por la tarea de denuncia que realizan, la Comisión y las comunidades son señaladas por el gobierno como colaboradores de la guerrilla, iniciando procesos judiciales contra algunos miembros con el fin de deslegitimar su trabajo.
“El gobierno ha intentado desmembrar la organización de las comunidades, desprestigiando su legítima lucha por la dignidad, por sus territorios y sus recursos”, comenta Orcue. “Por otra parte, la guerrilla, con las acciones que realiza en ese contexto de guerra, coloca muchas veces a las comunidades en medio de dos fuegos dificultando la construcción autónoma de sus propios proyectos”, denuncia esta activista colombiana.

Las comunidades, el gobierno y los actores armados en conflicto

Las Comunidades de Paz en ColombiaAnte la pregunta de qué le piden las comunidades al gobierno y a los actores armados en conflicto, Orcue dice que básicamente quieren que les permitan construir sus alternativas de manera autónoma. “Dentro de sus principios reclaman su derecho de distinción, no quieren la presencia de los actores armados dentro de su territorio ni en sus alrededores. Piden construir sus proyectos sin ser influenciados ni intimidados por las fuerzas en conflicto”, comenta. Y aclara que esta posición genera reacciones por parte de los dos bandos enfrentados, principalmente del gobierno.

“Las comunidades indígenas, dentro de su criterio organizativo, buscan siempre la autonomía, liderar su propio proceso. La presencia del ejército y la creación de bases militares en su territorio, son un riesgo permanente para esas comunidades. Los indígenas, quienes son constantemente señalados y estigmatizados por el Estado, sufren como consecuencia un permanente amedrentamiento por parte del ejército, sumado al temor de que los enfrentamientos con la guerrilla los coloque en medio del fuego...

Se habían iniciado unos diálogos con el gobierno para intentar solucionar el problema de la tierra, pero se interrumpieron con la renuncia del gerente del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) quien se encontraba titulando predios a narcotraficantes y paramilitares”, denuncia Orcue.

Los megaproyectos y los desplazamientos

Consultada acerca de la problemática de los desplazamientos en Colombia, Orcue afirma que los mismos están íntimamente relacionados con los intereses económicos de grandes inversionistas, que buscan agilizar el comercio en la zona y sacar máximo provecho de los recursos naturales de la rica selva colombiana.

“Desde 1.997, cuando se inició este problema, hemos constatado que su finalidad era garantizar el desarrollo de los megaproyectos que se piensan realizar en la zona. Esa fue la razón por la cual las comunidades fueron sacadas a sangre y fuego”, relata Orcue.
Y a continuación se refiere al caso de la siembra de Palma Africana, detrás de la cual se esconden oscuras intenciones.

“Durante los tres años que las comunidades estuvieron desplazadas, las compañías madereras y los palmicultores saquearon el recurso forestal e iniciaron el cultivo de Palma Aceitera, un proyecto que de antemano tenían previsto para la región. Estos cultivos tienen un doble propósito: primero, la obtención del aceite para combustible y segundo, domesticar la selva, porque esta especie exótica, importada, contribuye a secar la selva que es bastante húmeda y rica en humedales. Acabar con la selva garantiza la construcción de obras de infraestructura como el Canal Interoceánico, la Carretera Panamericana y otras que buscan convertir a Colombia en un corredor comercial”, afirma Orcue.

A entender de esta colombiana, firme defensora de los derechos humanos, este impacto ambiental también ha comenzado a afectar la vida de las comunidades, quienes deben sobrevivir con menores recursos debido a las obras implementadas en la selva colombiana.
“Los ríos, que son las vías por las cuales se movilizan sus habitantes, han disminuido su caudal, pues las empresas construyeron canales para transportar maquinaria y sacar la madera. Al reducirse el caudal de los ríos se reduce también la movilidad de las personas. Los ríos también se han afectado por el vertimiento de químicos acabando con los peces que son su principal sustento”, comenta Orcue.

Finalmente, se le pregunta a la integrante de la Comisión Inter eclesial Justicia y Paz cómo se van a ver afectadas las comunidades con el TLC (Tratado de Libre Comercio), a lo cual responde que estos tratados sólo van a beneficiar al gran capital y que la gente no va a recibir nada. “Por otra parte, este tipo de tratados son violatorios de los derechos de los pueblos, porque nunca tienen en cuenta su visión del desarrollo. Concretamente, el TLC va a fomentar el monocultivo, pues se busca producir solamente productos que requieren los países ricos, obligándonos a importar alimentos fundamentales para nuestra dieta. Esto va a generar dependencia alimentaria y, por supuesto, mayor sometimiento”, finaliza.






Artículo publicado 26 de mayo 2006
Escrito por: Paul Gutierrez canada@paginauno.ca
 
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