Amnistía, regularización, legalización, etc. son términos que hacen referencia de alguna manera al hecho de otorgar estatus legal a inmigrantes indocumentados, popularmente conocidos como “ilegales” o “indocumentados”.

Al ser Canadá un país de destino para el tráfico de inmigrantes -dadas sus oportunidades económicas y sociales- éste no está exento de personas sin estatus. La Real Policía Montada del Canadá (Royal Canadian Mountain Police - RCMP) estima que anualmente ingresan ilegalmente al país 2,200 personas solamente desde los Estados Unidos. Sin embargo, en vista que una persona que ingresó legalmente al Canadá también puede volverse indocumentado, no existen cifras oficiales sobre los ilegales en el país. No obstante, se calcula que habrían alrededor de 50 a 200 mil personas sin estatus en Canadá, y que el 50% estarían viviendo en Toronto. Una persona puede convertirse en indocumentada cuando, por ejemplo, su solicitud de refugio fue rechazada y no ejecutó ningún proceso de revisión o apelación de su caso, a través del cual se le reconociere un estatus legal; también puede convertirse en ilegal cuando ingresó con una visa de visitante (turismo), permiso de trabajo o visa de estudios y éste ha expirado sin que la persona haya efectuado una renovación de la misma.

Las personas indocumentadas son empujadas a formar una subclase de individuos vulnerables a diversos tipos de abusos, y con menos derechos o sin la capacidad de ejercer sus derechos humanos inherentes. Una amnistía permite a la persona que se encuentra indocumentada aplicar por un estatus legal sin temor a la represión en su forma de detención o deportación, y bajo criterios planteados por el gobierno. El estatus legal es pues importante dado que le permite a la persona indocumentada un rango de derechos (acceso a la educación pública, seguro de desempleo, sindicalización, etc.).

Los programas de regularización ejecutados por Canadá han tenido diferentes criterios de elegibilidad y aceptación, tales como el tiempo de residencia del indocumentado en el país, la carencia de antecedentes criminales por parte de éste, el número de miembros indocumentados que componen la familia, la tenencia de un trabajo y patrimonio, el país de origen del indocumentado, la integración del mismo en la sociedad Canadiense y su condición física (salud).


Desde 1960 a la fecha, Canadá ha ejecutado ocho programas de regularización:

» Chinese Adjustment Statement Program, de 1960 a 1972, dirigido a los Chinos que ingresaron al Canadá antes del año 1960 sin tener documentos y haciéndose pasar por otra persona. Alrededor de 12,000 personas fueron regularizadas.

» Section 34 & the Immigration Appeal Board Act, de 1986 a 1973, dirigido a todos los que estaban viviendo en Canadá sin estatus legal migratorio; teniéndose como criterio que la persona debía de haber recibido una orden de deportación. Se estima que cerca de 13,000 personas fueron regularizadas a través de este programa.

» Adjustment of Status Program, de Agosto a Octubre de 1973, también estuvo dirigido a todos los que se encontraban viviendo en Canadá sin un estatus legal. En esa oportunidad se tuvo en consideración criterios de residencia, estabilidad económica, relación familiar, y razones humanitarias. Se calcula que 39,000 personas fueron regularizadas.

» Special Regularization Program for Haitians Residing in Quebec, de 1981, para los Haitianos que estaban viviendo en Quebec. Se consideró que el solicitante tuviere documentos de identificación válidos, y tuvieron que pasar un chequeo de seguridad y criminalidad. Alrededor de 4,000 personas fueron atendidas.

» Minister’s Review Committee, de 1983 a 1985, para todos aquellos que estuvieron viviendo en Canadá sin estatus por 5 años o más, teniéndose en cuenta el criterio de que la persona debía estar exitosamente establecida e integrada en el país, y carecer de antecedentes criminales. No se cuenta con una cifra total conocida, pero se estima que fueron casi 1,000 personas beneficiadas bajo este programa.

» El Administrative Review de 1986 basado a la decisión de la Corte Suprema de 1985 y el Backlog Regulations del año 1988; ambos programas combinados procesaron alrededor de 150,000 casos.

» Deferred Removal Orders Class (DROC), de 1994 a 1998, para los solicitantes de refugio a quienes se les habían resuelto negativamente su caso 3 años antes del programa. Muchas personas de China y en menor número de Irán se vieron beneficiadas. Se estableció el pago de unos derechos de tramitación ($500 para adultos y $100 para menores). Personas que tenían record criminal, estaban en asistencia social (welfare), una seria condición médica o constituían un riesgo para la seguridad no fueron elegibles. 3,000 personas fueron favorecidas.

» Special Regularization Procedure for Algerians Residing in Quebec, del 2002, para los solicitantes de refugio de Algeria quienes habían perdido su caso de refugio. Las condiciones fueron de que tenían que vivir en Québec y no haber dejado Canadá por ninguna razón desde el 2002, además de haberse integrado satisfactoriamente dentro de la sociedad de Québec. Más de 900 personas se regularizaron.

» Humanitarian and Compassionate Applications (H&C), 2002 al presente, dirigido para todos los que viven en Canadá sin estatus legal. El más importante hecho que la persona debe demostrar para que su solicitud tenga éxito es que ésta enfrentaría una excesiva privación si tuviere que regresar a su país. Además se tiene en cuenta si la persona se ha integrado a la sociedad Canadiense, trabaja y tiene una situación económica estable, participación comunitaria, manejo del inglés o francés; existen derechos de tramitación ($550 para adultos y $150 para menores). No se tiene una cifra conocida sobre el éxito de esta solicitud con las personas indocumentadas. Sin embargo, se sabe que la baja tasa de aceptación de estas solicitudes para todos los casos en general y no solamente para los casos de personas sin estatus no la convierten en la opción más recomendable, a lo cual habría que sumarle que si bien una persona sin estatus puede presentar dicha solicitud, ésta no libra de que las autoridades inicien todo el proceso de deportación antes de que se resuelva la mencionada solicitud, y lo envíen de regreso a su país de origen.

Sería interesante que el gobierno federal evalúe la posibilidad de regular a las personas que se encuentran sin estatus migratorio en Canadá, sobre la base de un programa de emisión de permisos de trabajo desde dentro del país sin el riesgo de la ejecución de una orden de deportación. Esto en vista de que este grupo de personas se encuentra efectivamente aportando a la economía y desarrollo del país, mediante su trabajo, pago de impuestos, consumo cotidiano, etc.